INDICE.
Página
Indice
1
Introducción.
2
Objetivos
7
Marco
Teórico
8
Preguntas
directrices 20
Operacionalización
de variables 21
Metodología
22
Análisis
de resultados
25
Conclusiones
33
Recomendaciones
37
Bibliografía
38
I-
INTRODUCCION
La Policía Nacional de Nicaragua, conforme al mandato que emana de la Constitución Política, así como de otras leyes particulares que rigen su actuar (Ley Orgánica
y su Reglamento y Ley de Tránsito actual), así como la Ley 212, Ley de la Procuraduría de los Derechos Humanos, define sus
misiones y funciones, destacando aquellos aspectos que considera de mayor
sensibilidad, pero también, reconociendo la vulnerabilidad al enfrentar algunos
de mayor envergadura.
Consciente de que su acercamiento a la
población (como eslogan predominante en sus 25 años de existencia), es la base
del profesionalismo, la Policía de Nicaragua, se prepara para vencer aquellos
obstáculos históricos que han incidido de forma negativa en la confianza y
credibilidad de toda una población en algunas de sus actividades habituales.
Uno de ellos es, sin lugar a dudas,
la tramitación de los Recursos Administrativos por accidentes de tránsito.
Desde la aparición en Nicaragua, en la primera década del siglo XX, de los
primeros vehículos automotores, se hizo sentir, de forma cada vez más
ascendente, ese flagelo social denominado accidente de tránsito, en el que
dependiendo de sus resultados (daños materiales) resultarán al menos dos
personas que controvertidamente alegarán cada uno ser la víctima del suceso.
Esto obliga a nuestra institución, a ser cada vez más
táctica en el manejo de tales recursos, lo cual implica mayor y mejor
preparación de sus peritos en el área técnica –jurídica, pero a la vez en
materia de Derechos Humanos y poder proporcionar un clima de confianza en la
población para que cada una de sus resoluciones se ajusten en correspondencia a
la valoración objetiva de los hechos y a la aplicación ecuánime del derecho.
En Nicaragua, a
pesar de que su parque automotor cuenta con casi cien años de existencia, no
existe ningún estudio sobre el impacto que causa en la Policía la tramitación de los recursos administrativos por los accidentes de tránsito
(Revisión y Apelación). Por esa razón nos remitimos a la experiencia del
pueblo de España, (Compendio de Estudios Populares de la Universidad de Barcelona 1,984)
Donde a
mediados del siglo XX, la desconfianza de los conductores hacia estos
procedimientos preocupó tanto al gobierno que demandó la integración de
comisiones Investigativas que buscasen las respuestas a las siguientes tres
interrogantes:
1.
¿Por qué la desconfianza de los conductores
con respecto al procedimiento administrativo?
2.
¿Porqué los conductores preferían arreglarse
por las vías de hecho desconociendo la labor policial?
3.
¿Por qué en el ambiente popular se percibía
un aire de corrupción en los órganos administrativos que daban tratamiento a
quejas o recursos?
Es así que mediante muestreos realizados en Barcelona, Madrid, Cataluña y
Andalucía, se logró conocer que las causas principales del descrédito eran las
siguientes:
1.
Que personas sin ser abogados, técnicos, o al
menos versados en Derecho resolvían estos conflictos, los cuales tenían un
carácter indubitable, es decir, sin opciones a ulteriores recursos.
2.
Existía “solidaridad” mal entendida entre
funcionarios policiales, es decir, que ningún superior era capaz de desvanecer
una resolución inferior por muy errada que pareciere.
3.
La ley de tránsito española era elitista, es
decir, hecha para favorecer a los pudientes lo cual vulneraba el principio de
equidad.
De
tal estudio se derivaron las siguientes soluciones:
1.
Que obligatoriamente el personal que
tramitaba recursos debía ser abogado.
2.
Se estableció un segundo recurso o instancia
de alzada con plena facultades de: Confirmar, modificar o anular la resolución
recurrida.
3.
Se masificó en colegios, empresas y centros
de trabajo el estudio de la ley de tránsito.
EN
EL AMBITO NACIONAL
Podemos señalar que de la Guardia nacional no heredamos ninguna disposición jurídica realmente valiosa o antecedentes
investigativos relacionados a los recursos por la vía administrativa, ya que
las decisiones de éstos prácticamente eran impuestas a la fuerza, es decir, que
sus resoluciones no eran susceptibles de recursos.
La tendencia, en materia de
seguridad de tránsito, indica que el cuerpo policial de Nicaragua como órgano
de control social del Estado, la problemática que genera el mal uso o bien, la
falta de conocimiento y la desconfianza de los conductores hacia los
procedimientos de los recursos administrativos que son tramitados y resueltos
por la misma autoridad competente, conlleva a que los conductores pierdan la
credibilidad de obtener una resolución favorable con apego a derecho.
Cuando hablamos de resoluciones favorables no
significa que la misma declarará triunfante a ambos conductores participantes,
sino que aún declarándose a quien es responsable del mismo, este quede
satisfecho con la profesionalización policial utilizada en su caso. De acuerdo
a la experiencia laboral vinculada directamente al trabajo policial, hemos
detectado la problemática y por tal motivo se ha seleccionado el presente tema
en la búsqueda de solución como es la escasez de recursos técnico-científico
que coadyuven en la correcta tramitación de los recursos administrativos por
accidentes de tránsito, que por consiguiente generará un clima de confianza en
la población afectada y por ende estaremos siendo cada día más profesionales.
Ya que nos encontramos con jefes de seguridad
de tránsito que no son versados en Derecho y en muchos casos las resoluciones
se imponen a su criterio o al margen de la ley; por otro lado los conductores
en su mayoría desconocen totalmente el procedimiento establecido para tramitar
dichos recursos administrativos sumado a la falta de notificación por parte de
los funcionarios de la Policía Nacional para que estos hagan uso de sus
derechos. En otros casos los conductores, de transporte colectivo se encuentran
estereotipados o por falta de tiempo no hacen uso correctamente de los canales
establecidos para estos recursos como también influye el trato muchas veces no
diferenciado para los conductores ya que en algunas ocasiones se les trata
como delincuentes comunes y esto merma o reduce la confianza de los
conductores hacia la institución policial.
Los accidentes de
tránsito en Nicaragua constituyen uno de los sucesos de práctica diaria, lo
cual es una constante, en cada uno de los departamentos del país, tomando en
cuenta que en cada uno de ellos siempre va a resultar al menos dos conductores
involucrados, quienes pretenderán ser vencedores, considerando que siempre en
ellos (accidentes) va implícito el factor económico, entonces, cada una de las
resoluciones declarativas de la autoridad administrativa, va a despertar la
inconformidad en uno de ellos, esta es la causa por la que el protagonista del
hecho Culposo invocará al órgano administrativo mediante el uso de los Recursos
de Revisión y Apelación en su caso. Sin embargo, es posible que la
autoridad en mención de manera salomónica deje cierto grado de satisfacción
en ambas partes, ya que, aunque inevitablemente determine a un perdedor, lo
haga mediante el uso de técnicas y métodos científicos que coadyuven al
fortalecimiento de la resolución. Esto exige, indiscutiblemente, la preparación
de las fuerzas policiales en la materia, porque de su actuar depende la
credibilidad de la población usuaria y el prestigio de la institución, a la vez
la preparación del funcionario implica la masificación de los conocimientos, ya
que éstos se transmiten de una persona a otra y cada uno de los casos
tramitados constituirá una fuente generadora de conocimientos que vendrán a
enriquecer el conocimiento particular del funcionario en beneficio de la
institución.
Por tanto los resultados de
este estudio contribuirá
a mejorar el nivel de confianza de los conductores que se ven afectados por los
procedimientos de los recursos administrativos, ya que se plantearán
sugerencias a la instancia responsable de la tramitación de dichos recursos.
Además servirá como punto de partida para futuras investigaciones que conlleven
a profundizar en el tema en función de mejorar la calidad de los servicios de tránsito
en materia de los recursos administrativos y servirá como un documento de
consulta para estudiantes de la Academia de Policía
II-
OBJETIVOS
Objetivo General:
v
Analizar el nivel de confianza de los conductores ante los
procedimientos de los recursos administrativos relacionados con los accidentes
de tránsito.
Objetivos Específicos:
ü Describir
la preparación de las autoridades de aplicación y los
conocimientos que poseen los conductores para tramitar los recursos administrativos.
ü Analizar
los procedimientos de los recursos administrativos referido a los accidentes de
transito ocurridos en el primer semestre del año 2004 en el Distrito III de
Managua.
ü Detectar procedimientos anómalos que se estilan en la tramitación de los
recursos administrativos.
ü Identificar
el nivel de confianza que tienen los conductores antes
los procedimientos de los recursos
administrativos.
ü Plantear
sugerencias a las instancias responsables de la tramitación de los recursos
administrativos para elevar el nivel de confianza de los conductores.
III-
MARCO TEORICO
& ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA RED VIAL Y DEL TRAFICO EN NICARAGUA
La Modernización o adelantos en determinada
materia, trae consigo algunos aspectos desfavorables con los que hay que
aprender a convivir, ejemplo de ello, es lo ocurrido durante el gobierno del
General José Santos Zelaya (1893- 1907), con la llegada del ferrocarril muchos
campesinos tuvieron que vender las tierras que los había visto nacer, otros en
cambio tuvieron que dejar de cultivar sus especies tradicionales para dedicarse
a otra que se les imponía, nuevas enfermedades llegaron al país, mayores
delitos etc.,. (Extraído de la Gaceta No 40 del 28 de Mayo de 1938).
Otros adelantos traen consigo la pérdida de la
tranquilidad, la calma o el sosiego como es el caso de la llegada a nuestro
país en los primero años del siglo XX de los vehículos automotores. Pronto el
país se vio invadido por este nuevo medio de transporte cuya novedosidad
requería de ciertas condiciones impostergables, tales como vías adecuadas para
su circulación, instrucción especializada para sus conductores y medios o
mecanismos de defensa para otros usuarios de la vía como peatones quienes
enfrentaron a un nuevo, poderoso y traidor enemigo como es el vehículo
automotor, los cuales no mucho mas tarde comenzaron a mandar personas al
cementerio y a causar estragos en los bienes públicos y privados.
Tuvieron que pasar mas de veinte años para que nuestra
legislación obtuviera un arma para regular tal adelanto, se trata de la
promulgación de la Ley 228 (Ley de vehículos y Tráfico del 28 de Mayo de 1930)
y su posterior reforma ocho años después. Esta ley cuyos aspectos técnicos
corrió por cuenta de los Yankees, quienes en ese momento ocupaban nuestro país
en su lucha contra Sandino, constituyó un gran adelanto en materia legislativa
en toda la región Centroamericana, desgraciadamente esta ley no contó nunca con
un reglamento que dispusiera detalladamente su aplicación lo que la hizo
parecer a un tren sin rieles, es decir que muchas de sus disposiciones quedaron
en el aire sin poder aterrizar como es el caso de sus artículos 106, 107, 108,
109 y 110 en la que establecía la obligación de los ciclistas de mantener
dotados sus vehículos de luces, frenos, claxon etc, además que debido a sus
características estaba diseñado para una sola persona, pero la policía en el
devenir histórico se vio imposibilitada a aplicar sanciones a los que
incumplían estos Preceptos, ya que como se dijo no existía reglamento que
establecieran como y quien debía aplicar las multas y el procedimiento a
seguir.-
·
MISIONES DEL ORGANO DE APLICACIÓN
En la tramitación de los recursos tanto de revisión como de
apelación, la Policía nacional juega un papel jurisdiccional, es decir que su
misión es aplicar justicia declarando mediante una resolución administrativa al
responsable del accidente, asimismo determina la o las violaciones a la ley de
tránsito y aplica las sanciones de las mismas. Esto significa que esta misión
debe ser asumida con toda la responsabilidad y seriedad del caso y eso obliga a
los funcionarios encargados de tramitar los mismos a tener una preparación
acorde a las exigencias, en este caso como se trata de aplicar la Ley, la preparación estriba en conocer los procedimientos que emanan tanto del derecho civil
como de las normas administrativas, pero sobre todo entender y poner en
práctica los principios rectores del proceso tales como son los siguientes:
a)
Principio de Publicidad:
este principio es clave y fundamental para demostrar lo cristalino de las
actuaciones y no es más que mantener al tanto a la partes de las gestiones que
realiza cada una de ellas, así como las diligencias que decide practicar de
oficio el órgano tramitador, esto mantiene en expectativas a las partes y a la
vez les brinda la oportunidad de aportar sus pruebas y alegatos en tiempo y
forma.
b)
Principio de Inmediación: su
objetivo es que el funcionario encargado de emitir la resolución que dirima el
conflicto, esté presente en todas y cada una de las diligencias para que en
presencia de las partes en conflicto diluciden las cuestiones de hecho que se
planteen.
b)
Principio de contradicción:
Este
principio obliga a la autoridad actuante a brindar las condiciones necesarias a
las partes para que éstas desarrollen el debate de forma idónea y está íntimamente
relacionada al principio de publicidad ya que al estar las partes informadas de
todo lo que ocurre en la tramitación, les facilita entablar la contradicción.
d) Principio
de Imparcialidad: este obliga al funcionario policial a mantenerse en una
posición absolutamente neutral, sin vertir criterios a priori y fuera de lugar,
también abstenerse de brindar asesoramiento a cualquiera de las partes.
Finalmente
cuando estas resoluciones de primera y segunda instancia quedan firmes, lo cual
puede ocurrir de las siguientes formas:
1. Por
haber transcurrido el plazo para impugnar la misma y el afectado no lo hiciera
en ese lapso.
2. Que
a pesar de haber sido recurrida, haya sido confirmada en apelación agotándose
de esta forma la vía administrativa.
Entonces firme la resolución presta mérito ejecutivo, es
decir que ya el derecho civil lo reconoce como un derecho ya declarado y el
victorioso puede compeler ejecutivamente al perdedor para hacer efectiva las
obligaciones de éste.
Esto significa que algunas formalidades tales como las
notificaciones, los edictos y otros actos procesales son de suma urgencia para
brindarle al victorioso todas las condiciones necesarias para invocar su derecho
en la vía respectiva sin temor a que lo actuado por la policía sea declarado
nulo o invalido por cualquier causa que bien pudo ser saneada sin muchas
dificultades.
*
FUNCION RELACIONADA A TRANSITO
La Policía Nacional realiza la investigación
necesaria para el descubrimiento y comprobación de los accidentes de tránsito.
Una vez que se determine que en el mismo no resultaron secuelas humanas, es
decir que solo hayan resultado danos materiales, se inicia un procedimiento con
trazas jurisdiccionales y al final se resuelve el conflicto dictándose una
resolución que emana de la autoridad competente, llámese Jefe de seguridad del
tránsito, esta resolución es susceptible de impugnación, cuya notificación es
obligación de la instancia inferior explicando términos y alcances del mismo.
Esta resolución aludida puede ser sujeta de revisión ante el mismo funcionario
que la dictó solamente cuando él o los recurrentes sin el ánimo de atacar el
fondo de la misma piden la aclaración de algunos puntos que consideren oscuros
o la ampliación de aquellos aspectos que se consideren vacíos ejemplo sería que
falte la dirección de alguno de los conductores, que no se mencione la causa o
causas del accidente etc..
En
un segundo plano entra en juego la autoridad policial denominada de segunda
instancia que le está reservada por ley al Jefe del Distrito en el caso de la
capital o al Jefe de delegación en los departamentos, este tiene la obligación
de hacer una revisión de lo actuado por su inferior de acuerdo a las peticiones
del recurso, al final podrá confirmar, modificar o anular la resolución
impugnada y con esto se agota la vía administrativa con relación al recurso. Al
inconforme le queda abierta la vía judicial, pero hay que aclarar que en ésta
solamente se ventila las cuestiones de mero derecho sin extenderse a la
apreciación de los hechos. Sin embargo en la práctica es inexistente este tipo
de invocación al poder judicial, ya que siempre la resolución de segunda
instancia le pone fin definitivamente al conflicto. Ocurre en Nicaragua que
no existe una cultura de pago por danos en accidentes, entonces muchos casos
se extinguen por abandono o por simple deserción del recurrente.
·
LEYES QUE REGULAN EL ACTUAR DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
En primer lugar, el artículo 97 de la constitución política de
Nicaragua dice que la policía nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil.
Tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos,
la prevención y persecución del delito y los demás que le señale la ley. La Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. La Policía nacional se regirá en estricto apego a la constitución política, a la que guardará
respeto y obediencia. Estará sometida a la autoridad civil que será ejercida
por el presidente de la república, a través del ministerio correspondiente.
Dentro
de sus funciones, la Policía Nacional apoyará al poder jurisdiccional. La
organización interna de la Policía Nacional se fundamenta en la disciplina y
jerarquía de sus mandos. Esto nunca debe verse como un círculo impenetrable
ante los recursos, es decir, que si el superior considera que el inferior falló
ante determina situación de hecho o de derecho, debe determinarlo con exactitud
y soltura sin perjuicio de que haya descontento por la variación del fallo.
Resumiendo
lo que nuestra constitución política mandata en su artículo 97,establece las
funciones de la policía nacional, ya que utilizando el término Orden Interno,
se refiere entre otras cosas al actuar de la autoridad de tránsito referida a
la prevención y a la investigación de los accidentes de tránsito.
Asimismo,
la legislación orgánica de la Policía nacional, en su capítulo II referido a
sus funciones específicas, en su artículo 3 inciso 21 establece que son
funciones de la Policía prevenir e investigar los accidentes de tránsito, a la
vez, el inciso 22 del mismo artículo cita la facultad de sancionar la faltas o
contravenciones de Policía o de tránsito, el inciso 25 menciona la función de
la policía en la reunión, aseguramiento y ordenación científica técnica y todos
los requisitos necesarios para la investigación de las faltas o delitos,
remitiéndonos a la autoridad competente cuando corresponda, este mismo artículo
en el inciso 29 establece la facultad del Jefe de tránsito para citar o
entrevistar a todas las personas que pudieran aportar datos de interés a las
investigaciones que realicen y de esta forma sustentar y de acuerdo a la Sana crítica, resolver cualquier conflicto administrativo apegado a derecho, de esto se
puede deducir lo siguiente: que este cuerpo de leyes, antes citado, demuestra
la facultad que tiene la institución policial en materia del tránsito, de
acoger los recursos administrativos en lo referente a accidentes de tránsito, ajustado
a derecho pero se observa algunos vacíos que generan falta de confianza de los
afectados, porque tales recursos se ven centralizados y con poca accesibilidad
a las partes interesadas. Tales consecuencias no son de la total
responsabilidad de los Jefes encargados de tales trámites, sino más bien, de un
mandato legal que sin prever las consecuencias atribuye la jurisdicción de
conocer tales recursos administrativos de la forma que actualmente se hace.
La
ley de circulación vehicular e infracciones de tránsito (Ley 431 del 24 de
Marzo del 2002) en su artículo 33 determina la competencia a la especialidad
de seguridad del tránsito para la investigación de accidentes, asimismo dispone
la aplicación de las multas pertinentes sin perjuicio de la responsabilidad
penal o civil en su caso. Si observamos estos cuatro cuerpos normativos son
perfectamente compatibles no existiendo ninguna contradicción entre ellos.
Dentro
de la estructura de las resoluciones emitidas por ambas instancias observamos
el fundamento legal de las mismas en el POR TANTO, es decir que es en esta
parte donde se deben citar los artículos que amparan tal pronunciamiento, sin
embargo históricamente se ha detectado alguna confusión en la aplicación del
fundamento jurídico, ya que generalmente se aplica como artículo el inciso o
numeral correspondiente a las infracciones lo cual genera incertidumbre en las
partes ya que estas con toda la razón alegan o tildan las resoluciones con mala
aplicación del derecho lo cual es motivo suficiente para motivar el recurso.
Generalmente
los recursos versan sobre la mala apreciación de los hechos, pero la mayoría
es con relación a la aplicación del derecho y esto obedece a las razones
expuestas en el párrafo anterior.
·
ACTUAR POLICIAL EN CUANTO A LA TRAMITACION DE RECURSOS
En cuanto a los recursos
administrativos derivados de los accidentes de tránsito, La ley 228 que se
publicó en 1928 guardó absoluto silencio, lo que obligaba a los funcionarios
policiales a aplicar por analogía el Código Civil y su procedimiento,
aumentando más la brecha de la dispersión de las leyes o del actuar en el
ámbito administrativo, sumado a esto la legislación civil está diseñada para el
plano judicial y por ende no se ajustaba adecuadamente en el ámbito
administrativo.
Tuvieron que pasar
setenta y cinco años para que la modernización técnico- jurídica invocada
desesperadamente por lo obsoleto de las leyes anteriores, desembocara en la
nueva ley de tránsito (Ley 431) que si recoge el sentir de esas
necesidades históricas y aunque por sus propios medios no brinda tratamiento a
estos recursos, por lo menos nos remite de manera clara y precisa a otro cuerpo
de leyes (Ley 290) tratando de unificar la gestión administrativa en
general.
Esta ley, en su artículo 39, determina los términos, plazos y
procedimientos a seguir en la tramitación de los recursos de Revisión y Apelación
como instrumentos de solución en la vía administrativa de los conflictos
surgidos entre dos o más conductores que se han visto involucrado en accidentes
de tránsito y que como es lógico invocan la tutela jurídica para el beneficio
de sus intereses, además, aquí se encontró las facultades de ambas instancias
en su pronunciamiento como lo es Confirmar, modificar y revocar una
resolución que ha sido recurrida.
El actuar policial en la resolución de conflictos, en aquellos cuasi
delitos de daños materiales en que actúa la especialidad de tránsito, ya que es
la estructura encargada de dar respuesta conforme a derecho, pero sus
funcionarios deben ser profesionales, ya que su condición de servidores
públicos les obliga brindar a la sociedad el respeto a sus derechos y garantías
como ciudadanos nicaragüenses, no perdiendo de vista que nuestra misión es
hacer cumplir las leyes del país basados en los principios fundamentales de
actuación. Para emitir una resolución, es necesario, antes haber agotado todas
las diligencias necesarias que nos ayuden a formarnos un juicio de quien o
quienes pueden ser responsables de un accidente de tránsito, y en esto juega un
papel muy importante el investigador de accidentes ya que es el primer
funcionario que se hace presente al lugar del hecho, recordemos que según la
teoría investigativa, es el lugar del suceso donde se encuentra toda la verdad
de lo que ha acaecido, pero para apoderarnos de ella es necesario no solo
tener la capacidad, sino también la voluntad o la disponibilidad de hacer todo
cuanto esté a nuestro alcance, es de sobra conocido que muchos investigadores
llegan al lugar del suceso y lo único que les interesa es terminar cuanto
antes, limitándose a elaborar un ligero croquis y una Inspección ocular de
cuatro o cinco líneas, sin darse cuenta que este acto investigativo es de alta
importancia para que el Jefe de tránsito se forme un juicio claro y por
consiguiente emitir un fallo lo más ajustado a la realidad.
La instrucción especializada de los agentes de tránsito es requisito
sinecuanom para el cumplimiento y respeto del ordenamiento jurídico. Con una
formación integral y con conocimientos en derechos humanos y que su actuación
debe ser objetiva, eficiente y con eficacia con una absoluta neutralidad e
imparcialidad. El agente de tránsito o el funcionario policial que investiga el
accidente es la primera cara de la institución ante la ciudadanía y éste por
consiguiente debe brindar un ambiente de confianza y profesionalismo desde el
inicio absteniéndose de emitir criterios o de proponer alternativas de
solución y limitarse, exclusivamente, a levantar sus diligencias de rigor.
Hemos descubierto algunos casos en que el conductor que se declara responsable
del accidente, inicialmente fue declarado ganador por el mismo investigador en
el propio lugar del accidente, pero luego el Jefe de Tránsito determina lo
contrario, entonces, se provoca un descontento que hasta cierto punto es
fundamentado y ese conductor pierde toda confianza en la Policía y en muchos casos decide no recurrir, alegando que los actos policiales a cualquier
instancia están parcializados.
En conclusión observamos que la investigación de accidentes es el
conjunto de diligencias y procedimientos que efectúa el agente de tránsito
cuando se presenta un hecho o accidente en su carácter de auxilio judicial con
el fin de establecer el tipo de accidente, la causa que lo engendró, así como
al o los responsables del mismo. Entre las obligaciones del agente de
tránsito de la policía nacional, por espíritu de la ley deberán estar
debidamente identificados, debe tratar al ciudadano con el debido respeto como
también orientarlo, ya que por lo general el agente de tránsito debe entregar
de forma obligatoria al infractor la boleta cuando este se vea involucrado en
daños materiales. Esto último, sin embargo, es objeto de crítica y uno de los
elementos que encontramos nocivos a la confianza e imparcialidad que debe inspirar
un investigador de accidentes, por cuanto al entregar in situ una boleta,
implícitamente esta responsabilizando a uno de los conductores la comisión del
hecho, lo que equivale a declararlo a priori culpable, esto trascienda las
facultades de un investigador cuyas funciones son las de recoger toda la
información posible para que el Jefe de tránsito en el plazo establecido se
pronuncie de acuerdo a las formalidades y como se dijo anteriormente, es la
causal de tanta inconformidad que se origina de este actuar erróneo
Pese a que las leyes aluden someramente los aspectos del procedimiento
administrativo que han de seguir las Administraciones Públicas en su actuación,
estas disposiciones aisladas resultan insuficientes para que pueda hablarse con
toda propiedad, y de manera coherente, de la existencia de un verdadero
procedimiento administrativo general. Entendido este como uno de los controles
externos que existen sobre la administración pública, a la par de los controles
políticos y los controles jurisdiccionales.
·
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
“El procedimiento administrativo es el conjunto de principios y
formalidades previas que regulan la producción de los actos bilaterales (Cuando
aun no han intervenido las voluntades de los contratantes para perfeccionarlas),
desde su iniciación hasta el momento en que se dicta su publicación y
ejecución, los recursos a que da lugar y su resolución en sede administrativa”.
Este último tipo de control, es decir, los recursos administrativos,
están encomendados, en vía administrativa a los mismos órganos que han dictado
el acto y su revisión puede realizarse mediante los recursos de revisión y
posteriormente a los órganos jerárquicos superiores, mediante la interposición
del recurso administrativo de apelación, tal y como ha sido señalado
anteriormente.
En nuestro medio se hace absolutamente necesario la existencia de una
ley de procedimiento administrativo. Tema que, por otra parte, ha sido objeto
de honda preocupaciones legislativas y doctrinales en diversos países que
cuentan con leyes adecuadas. Su existencia y regulación contribuye, por una
parte, a fortalecer la confianza y seguridad en los administrados y otra por
que sirve de instrumento idóneo para aumentar la eficiencia y de la eficacia de
la acción administrativa, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de
Derecho.
MARCO CONCEPTUAL
En la ley de tránsito
431, de define los siguientes conceptos:
Conductor:
Es toda persona natural que
conduce un vehículo del tipo para el que está autorizado de conformidad a la
licencia de conducir.
Recursos Administrativos:
Son medios de impugnación de los cuales los conductores pueden hacer uso de
forma horizontal o vertical, para pedir se modifique o anule una resolución de
primera instancia que le cause agravios.
Recurso de Revisión:
Es el reclamo que
se que se interpone ante el propio órgano que hubiere dictado el acto
administrativo para que lo revise y resuelva él mismo.
Apelación:
Es el reclamo en
contra del acto administrativo ante el órgano que lo dictó, con el objeto de
que la impugnación sea resuelta por la autoridad superior de dicho órgano.
Plazo:
Periodo durante el cual una
persona agraviada puede hacer uso de estos recursos (ejemplo quince días
para interponer el recurso de revisión).
Accidente de Transito:
Acción u omisión culposa
cometida por cualquier conductor, pasajeros o peatones en la vía pública y
privada causando daños materiales, lesiones o muerte de personas, donde
interviene por lo menos un vehículo en movimiento.
Fallo:
Es el pronunciamiento que la
autoridad respectiva hace después de ser sometido a su consideración un
asunto controvertido entre dos o más personas.
Indubitable:
Que no es susceptible de ser
cambiado.
A quo:
Se refiere a la autoridad de
primera instancia (véase al jefe de transito).
Ad quem:
Autoridad de segunda instancia
(véase al jefe de delegación).
Afiche:
Ilustración gráfica alusiva a un
tema determinado.
Horizontal :
Autoridad de Primera instancia
quien resuelve el recurso de revisión (véase al Jefe de Tránsito).
Vertical :
Autoridad de segunda instancia quien
resuelve el recurso de apelación (véase al Jefe de Distrito).
IV.- PREGUNTAS
DIRECTRICES
1.-¿Qué conocimiento tienen los (as)
conductores (as) del Distrito Tres de Managua, sobre los procedimientos para
interponer recursos administrativos por accidentes de tránsito?
2.-¿Qué preparación tienen las
autoridades de aplicación para tramitar los recursos administrativos?
3.- ¿Cuáles son
las anomalías que se estilan en la tramitación de los recursos administrativos?
4.-¿Qué nivel de confianza tienen los
(as) conductores (as) en los procedimientos de los Recursos Administrativos
referidos a los accidentes de tránsito en el Distrito Tres de Managua, en el
primer semestre del año 2004?.
Operacionalización
de variables.
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|
|
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|
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Científica
Técnica.
Física
|
Planimetría
forense
Fotografía.
Técnicas
de entrevista
|
Buena.
Regular.
Deficiente
|
|
|
Procedimientos
Imparcialidad
Resultados
.
|
|
|
|
|
Interposición
Substanciación.
|
Vicios
Desconfianza
Temor
|
|
PROCESOS
ADMINISTRA
TIVOS
|
|
|
Entrevistas
Reconstrucción
Chequeos
Mecánicos.
|
V. METODOLOGIA
TIPO
DE ESTUDIO
Según la finalidad, es aplicada,
porque trata de resolver un problema práctico, basado en teorías previas y su
objetivo es transmitir criterios, mejorar la calidad, la credibilidad y el
nivel de confianza de los (as) conductores (as) en la tramitación de los
recursos administrativos. Transversal porque la investigación se
realizó a un periodo determinado de tiempo (seis meses). Descriptiva
porque se abordan los procedimientos de los recursos administrativos, y en base
a ello se plantean sugerencias.
Es una investigación de campo y
cuantitativa ya que se realizó en el Distrito III de Managua, y se aplicó técnica
cualitativa.
POBLACIÓN Y
MUESTRA
Se seleccionó como población a 71
conductores recurrentes en accidentes de tránsito del Distrito III, de esta
población seleccionamos como muestra de forma no probabilística a 10
conductores que corresponden al 14%, también se seleccionó al personal de
primera y segunda instancia de la Policía que tramitan estos recursos, así como
al oficial de análisis, investigador de accidentes y tres abogados.
|
Jefe
de Distrito III
|
1
|
|
Jefe
de Transito del Distrito III.
|
1
|
|
Oficial
de Análisis
|
1
|
|
Investigador
de Accidentes
|
1
|
|
Abogados
|
3
|
|
Conductores
|
10
|
METODOS EMPIRICOS UTILIZADOS
¨
Entrevista
¨
Encuesta
¨
Observación
TÉCNICAS APLICADAS
¨
Guía de entrevista
¨
Guía de encuesta
La encuesta.
La encuesta permitió conocer la
opinión de los conductores acerca de los procedimientos en los Recursos
Administrativos que han interpuesto en la delegación Policial del Distrito III
de Managua, así como el nivel de confianza que estos tienen en dichos recursos.
De acuerdo a esta, algunos conductores manifiestan sentir desconfianza con
relación a la tramitación de los recursos, resaltando las siguientes causales:
¨ Parcialidad policial.
¨ Estereotipo hacia los
transportistas.
¨ Indefensión.
¨ Pérdida innecesaria de tiempo.
¨ Poca atención a lo planteado.
¨ Maltrato policial.
La entrevista.
Se realizaron 7 entrevistas a
informantes claves, entre los que se incluyen: Jefe de Policía Nacional
Distrito III, Jefe de Tránsito del Distrito III, Oficial de análisis, oficial de investigación de accidentes
y tres abogados.
A través de la entrevista se
conoció de las dificultades que tiene el departamento de tránsito en cuanto a
recursos humanos, ejemplo de ello es que el Oficial de análisis es un Policía
de Vigilancia que cumple un sinnúmero de funciones tales como: secretario,
archivador, operador y receptor de documentos, esto genera poca atención a los
recurrentes quienes muchas veces sufren “boleo” tan solo para entregar los
recursos. Los recursos materiales son casi inexistentes lo cual limita la
función investigativa, no hay cámara, nivel, spray y otras herramientas
indispensables.
Así mismo, mediante la
entrevista realizada al Jefe de Distrito logramos conocer que éste casi nunca
interviene en el proceso de apelación alegando falta de tiempo, aceptando
tácitamente que sólo firma las resoluciones ya elaboradas por el Jefe de
Tránsito.
En cuanto a las entrevistas
realizadas a los abogados, estos dejan entre ver que ambas instancias
policiales no se ajustan a las disposiciones legales (notificaciones,
traslados, plazos,etc). Es decir, que el principio de publicidad tan importante
para demostrar transparencia, prácticamente no se aplica en ambas
tramitaciones. Asimismo éstos sienten que la autoridad Ad-quem no intervienen
en la tramitación del recurso de apelación, sino que se imita a firmar las
diligencias realizadas por la autoridad inferior, a la vez no se da la
oportunidad a que las partes hagan uso del principio de contradicción, y al
final el victorioso original se convierte en el derrotado, sin que éste haya
tenido conocimiento o se le haya dado el derecho de defenderse
La Observación.
Este método empírico
realizado en el Distrito III de la Policía Nacional nos permitió identificar algunas deficiencias relacionadas a la recepción de los recursos, ya que la persona
se dirige inicialmente a la oficina de investigación de accidentes donde no
siempre se le brinda la información adecuada, lo que genera pérdida de tiempo,
de interés y por ende descontento del recurrente.
VI.- ANALISIS DE RESULTADOS
La información se recopiló haciendo
uso de dos fuentes: Primaria y Secundaria. Se aplicó como técnica de
recopilación de datos cuantitativos, la encuesta y de datos
cualitativos, la entrevista a personas claves, y la observación
de campo.
6.1. Preparación de
las autoridades de aplicación que tramitan los Recursos Administrativos.
1. Jefe de
Distrito.
El Jefe del Distrito No 3, tiene la
preparación suficiente y la experiencia para ejercer el cargo, ya que es
Licenciado en Derecho y tiene Postgrado en Administración Policial. Sin embargo
es un elemento nuevo en el Distrito y no tiene conocimiento pleno de la
situación del mismo.
2. El Jefe de
Tránsito del Distrito No 3.
3. El Jefe de
tránsito del Distrito III, es Licenciado en Derecho y por tanto tiene la
preparación para ejercer el cargo tal y como lo regula la Ley 431.
4. El Oficial de
Análisis.
El Oficial de Análisis está en cuarto año de
secundaria
y está en correspondencia a lo que estipula la Ley 431 en su Arto. 31. Sin embargo tiene poca experiencia (Abril a Octubre 2004) y no ha recibido capacitación
lo cual incide en el ejercicio de sus funciones, principalmente porque realiza
múltiples actividades.
5. El
Investigador de Accidentes.
El Investigador de Accidentes está en
cuarto ano de secundaria y ha recibido capacitaciones sobre la investigación
de accidentes. Sin embargo no tiene los medios técnicos suficientes para
realizar una eficiente labor investigativa.
Las
diferentes autoridades de aplicación tienen la preparación necesaria para ejercer
su cargo con calidad tal como lo exige la Ley 431 (Ley para el Régimen Vehicular e Infracciones de Tránsito).
A
pesar del nivel académico y la experiencia de algunos funcionarios policiales
es necesario que sean capacitados técnicamente para ejercer con eficiencia las
funciones según el cargo en el marco de la equidad y la responsabilidad, y de
esta forma brindar un mejor servicio a la sociedad.
Preparación
de los conductores que han hecho uso de los Recursos Administrativos.
Los
conductores seleccionados oscilan entre los 28 a 45 años de edad, por tanto todos son adultos y tienen autonomía para decidir. (ver gráfica No
1).
Gráfica No 1.
Edad de los
Conductores que tramitan Recursos Administrativos.
El nivel Académico.
Con relación al nivel académico es
importante señalar que sólo un conductor tiene un nivel profesional el resto es
de primaria y secundaria, (ver cuadro y gráfica No 2)
Cuadro No 2
|
Caracterización
|
Cantidad
|
porcentaje
|
|
Primaria
|
5
|
50%
|
|
Secundaria
|
4
|
40%
|
|
Profesional
|
1
|
10%
|
Gráfica No 2.
Nivel
Académico de conductores que tramitan Recursos Administrativos.
6.2.
Procedimientos de los Recursos Administrativos referidos a los accidentes de
tránsito.
Al analizar los expedientes sobre la accidentalidad
en el Distrito III durante el período Enero - Junio del 2004, encontramos una
ocurrencia de 779 accidentes de tránsito, de estos 727 fueron resueltos por la
vía administrativa (danos) y 52 pasaron a los tribunales, de los casos
resueltos policialmente 71 fueron objeto de recursos, lo que equivale a un 10%
del total general. Al analizar los casos recurridos observamos que de estos
recursos 57 fueron de revisión y 14 de apelación.
Con
relación al tratamiento a los recursos de revisión, encontramos que 43 fueron
confirmados para un 75.4% y 14 revocados para un 24.6%. Con respecto a las
apelaciones de 14 en total, 11 fueron confirmadas para un 79% y 3 revocadas
para un 21%.
Del
100% de los conductores que han hecho uso de recursos administrativos, el 20%
ha interpuesto recurso de apelación y el 80% de revisión, lo
que significa que la mayoría acepta el resultado de la revisión. (Ver cuadro y
gráfica No 3).
Cuadro No 3.
|
Caracterización
|
Cantidad
|
Revisión
|
Apelación
|
|
¿Ha interpuesto recurso?
|
10
|
08 (80%)
|
02 (20%)
|
|
¿Qué tipo de recurso?
|
|
08 (80%)
|
02 (20%)
|
Gráfica
No 3.
Interposición
de Recursos por los conductores
De los Recursos Administrativos interpuestos en la Policía el 90% de los conductores valoran que la atención brindada fue mala por el personal
de tránsito y el 10% la valoró de buena. (Ver cuadro y gráfica No 4).
Cuadro No 4.
|
Atención brindada
|
Buena
|
Mala
|
|
10
|
1
|
9
|
Gráfica
No 4.
Valoración de la atención brindada a los conductores.
Los conductores opinaron que los plazos y
procedimientos para los trámites de los Recursos Administrativos no son
respetados por las instancias que tramitan los recursos, lo que induce a
inconformidades y desconfianza.
En
las resoluciones.
Del 100% de las resoluciones solamente el 40% fueron
favorables y el 60% desfavorables. (ver gráfica No 5).
Gráfica
No 5.
Resoluciones.
De
las Notificaciones.
Del
100% de los conductores contra los que se emitió solo el 50% recibió
notificación del derecho de hacer uso de los recursos administrativos. (Ver
cuadro y gráfica No 6).
Cuadro
No 6.
|
Notificaciones
|
Sí
|
No
|
|
10
|
5
|
5
|
Gráfica
No 6.
Notificaciones
De
la Apelación.
El
100% de los conductores que hicieron uso del recurso de apelación recibieron
confirmación de la resolución emitida en primera instancia.
En
cuanto a los procedimientos anómalos del proceso de tramitación de los Recursos
Administrativos encontrados mediante la revisión de documentos se pueden
señalar los más importantes:
VII.-CONCLUSIONES
Producto de la investigación realizada, presentamos a continuación
las principales conclusiones que resultaron del estudio.
1.-
El estudio nos permitió conocer que la mayoría de los conductores tienen
mínimos conocimientos sobre los procedimientos para interponer los recursos
administrativos por accidente de tránsito, no saben diferenciar entre recurso
de revisión y apelación, así como a qué instancia corresponde interponer cada
uno de ellos, estos se corroboró con la cantidad de accidentes ocurridos en el
semestre que fue de 779, de los cuales 727 (danos materiales) se resolvieron
por la vía administrativa, y de estos únicamente en 71 casos se hizo uso de los
recursos administrativos que equivalen al 9.76%.
2.-La
autoridad administrativa no se ajusta a las normas para tramitar los recursos
administrativos (no hay emplazamiento ni contestación de agravio), el
procedimiento se volvió monótono.
3.-
Existe baja cultura jurídica en cuanto al conocimiento y trascendencia de la
población usuaria sobre los recursos administrativos de accidentes de tránsito
debido a que la Ley 431 es reciente, de apenas veinte meses de vigencia y no ha
sido difundida lo suficiente a nivel de los usuarios.
4.-
No se cumple con el principio de inmediación que exige que el Jefe de Tránsito
o de Distrito en su caso, debe estar presente en todas y cada una de las
diligencias realizadas. Tampoco se cumple con el principio de publicidad
procesal que exige que ambas partes (autor y víctima) debe ser notificadas en
un plazo no mayor de 24 horas de todas las diligencias y peticiones que llegan
al proceso.
5.-
Logramos determinar que la participación real del Jefe de Distrito en los
trámites de apelación es nula, limitándose a firmar una resolución que ya le
llevan elaborada.
6.-
Existe desorganización en cuanto a la confección de los expedientes ya que es
visible que a partir de la resolución inicial no se le adjuntan de forma
cronológica las diligencias sucesivas.
7.-
Se encontró una resolución declarando responsabilidad compartida entre
las partes, lo cual es improcedente, por cuanto en el accidente de tránsito
entre dos vehículos conducidos por personas siempre hay una causa principal y
un responsable de esa causa.
8.-
Existe desconfianza en los conductores en la tramitación y resolución de los
recursos, ya que ellos sienten que la autoridad policial no les brinda la
importancia requerida, que en algunos casos a las resoluciones solo se les
cambia el nombre y la fecha, pero el contenido es igual a la inferior.
Otra
causal de desconfianza es el alto porcentaje de resoluciones confirmadas, lo
que evidencia que la autoridad que revisa volvió a fallar en base a lo actuado
anteriormente.
9.-
Que existe descontento en los conductores y síntomas de corrupción respecto al
uso de los documentos provisionales entregados a los conductores involucrados
en accidentes ya que estos carecen de formalidad y uniformidad a nivel
nacional.
10.-
Que encontramos
las facultades de ambas instancias en su pronunciamiento como lo es Confirmar,
modificar y revocar una resolución que ha sido recurrida. Sin embargo en la
práctica observamos que muchas de las resoluciones recurridas son
confirmadas por la autoridad Ad-quem lo que puede tener las siguientes
explicaciones:
Ø Que por comodismo no se brinde un
tratamiento adecuado a la tramitación del recurso y se obvien algunas
peticiones que el recurrente haga tales como llamamiento de testigos,
reconstrucción del accidente, peritajes etc.
Ø Que no haya un procedimiento
estándar en todas las delegaciones del país, es decir que cada delegación
asume la tramitación de acuerdo a sus costumbres sin apegarse muchas veces a
derecho.
Ø Que existen malos tratos o prepotencia
por parte de algunos funcionarios policiales lo que hace que muchos recursos
queden desiertos por parte de los recurrentes.
Ø No hay formalidad en cuanto al
registro de la documentación, ya que se observa claramente en los expediente
que han sido sujeto de recursos que no se adjunta de forma cronológica la
documentación respectiva, esto es sinónimo de desorden ya que los documentos
que debieran estar en el mismo expediente andan disgregados por partes
diferentes.
Ø Que existe una solidaridad mal
entendida es decir de tener la visión solo de confirmar resoluciones para no
causar malestar en las instancias inferiores.
Ø Que se practican algunas diligencias
pedidas por el recurrente en ausencia de éste, lo cual no solo crea nulidad
absoluta de lo actuado; si no que además aumentan la desconfianza de éste hacia
la institución.
Ø Que la educación vial hacia nuevos
conductores tanto en la Policía como en las escuelas de manejo, no nutre
jurídicamente al conductor. La Escasez de recursos humanos y materiales son
las razones por las cuales la Policía no desarrolla a profundidad los
seminarios de educación vial, ya que en ninguno de los departamentos con nivel
B existe por plantilla un oficial especialista, esto obliga al jefe a
disponer por activismo a cualquier funcionario, igualmente no se les exige a
las escuelas de manejo profundizar en materia jurídica para la preparación de
los nuevos conductores.
Ø También
hemos encontrado en las investigaciones realizadas a los conductores de
transporte Colectivo (Buses, Taxi, microbuses, Etc.), que existe cierto
estereotipo hacia ellos por parte de la población y de la policía ya que les
basta con saber que es transportista para descargar sobre él todo tipo de
epítetos que cuando se tratan de particulares muchas veces se tornan
imperceptibles. Esto hace que muchas veces este tipo de conductores se sienten
predispuestos y deciden resolver por las vías de hecho o extrajudicialmente sus
conflictos.
Ø
En algunos casos los investigadores de accidentes
por mero comodismo sugieren y hasta casi obligan a los participantes en un
accidente a llegar a arreglos en el mismo lugar y esta es la principal causa
de descontento e incumplimiento de las obligaciones del responsable.
Ø
Los conductores y más aún los transportistas de
pasajeros que son los mayores participantes de los accidentes, cuentan con un
tiempo generalmente escaso, lo que los obliga a renunciar muchas veces a los
conflictos para evitar pérdida de tiempo
Ø En
algunos casos las personas que se han visto involucradas en accidentes son
tratadas como autores de hechos dolosos, o por otro lado, no hay diferencia en
el tratamiento entre víctimas, autor o testigo y en algunos casos las
delegaciones policiales no cuentan con celdas diferenciadas para los detenidos
por accidentes y los ingresan en las celdas con los detenidos por delitos
comunes, sufriendo éstos pérdidas materiales y danos psicológicos.
VIII.-
RECOMENDACIONES
1.-
Para mejorar el procedimiento de los recursos administrativo por accidentes de
tránsito y que las personas que lo interponen perciban una buena imagen del
profesionalismo policial, es necesario impartir seminarios a los funcionarios
policiales donde se establezca el procedimiento técnico jurídico relacionado a
estos recursos, así mismo exigir que en el pensun de las escuelas de manejo se
incluya la instrucción jurídica a los nuevos conductores.
2.-
Que a las personas que haya recurrido a la primera instancia se les haga saber
en la notificación el derecho que les asiste de recurrir a las instancias
superiores
3.-
Que a las personas que llegan a las delegaciones policiales a interponer recursos
se les oriente eficazmente donde los van a atender, o que se rotulen estas
oficinas para evitar demora e inconformidad. Así mismo que en la medida de las
posibilidades se designe a una persona para atender exclusivamente a los
recurrente.
4.-
Que en el proceso de cobertura a los accidentes o en la reconstrucción de
estos, además del croquis se haga uso de la técnica fotográfica para mejorar el
nivel de confianza en los participantes de los mismos.
5.-
Que tanto el Jefe de tránsito, como el superior, cumplan con el principio de
inmediación, es decir, que traten de estar presente en las diligencias de mayor
importancia del recurso.
6.-
Que se cumpla con el principio de publicidad procesal para darle mayor
formalidad y vistosidad a la tramitación de los recursos, además con esto se
facilita la nueva resolución y la apega más a derecho.
7.-
Que Tránsito Nacional elabore y disponga el uso de una boleta provisional para
los conductores que se les ha retenido sus documentos por accidente, ya que en
la actualidad se estila entregarles un papelito informal que genera no solo
desconfianza sino problemas al conductor en su marcha.
IX.- Bibliografía
Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua. Constitución
Politica de la Republica de Nicaragua 2001, Edición
Amanecer.
Asamblea
Nacional de la republica de Nicaragua. Ley Nº 228, Ley de la Policía Nacional de Nicaragua.
Asamblea
Nacional de la republica de Nicaragua. Reglamento de la Ley Nº 228 de la Policia Nacional de Nicaragua, Decreto Nº 26-96.
Asamblea
Nacional de la Republica de Nicaragua. Ley Nº 431, Ley Para el
Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Transito. Decreto Nº 32-97,
2003 1ra edición. Editorial Jurídica.
Asamblea
Nacional de la Republica de Nicaragua. Ley 290, Ley de Procedimiento
del Poder ejecutivo.
Asamblea
Nacional de la Republica de Nicaragua Ley Nº 49. , Ley de Amparo.
Cabanellas
Guillermo DICCIONARIO JURIDICO. 2001 EDICCION CIUDAD DE MEXICO.
Compendio
de estudios populares de la universidad de Barcelona.1984 Segunda edición
(recopilado a través de Internet).
Congreso
Nacional de la Republica de Nicaragua. Ley Nº 228, Ley de Vehículo y
Tráfico del 28 de Mayo del l930.
Encuestas a diez conductores participantes de
accidentes en el periodo Enero- Junio 2004.
Entrevistas a cuatro funcionarios Policiales del Distrito
III de Policía y 3 profesionales del Derecho.
Estadísticas
de Tránsito del 2004 Primer Semestre Distrito Tres Managua.
Expedientes
de accidentes de tránsito distrito III de la Policía Managua.
ACADEMIA DE POLICIA
